Candidatura al Decanato
Facultad de Derecho – Universidad de Chile
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha desempeñado históricamente un papel central en el desarrollo institucional, jurídico y democrático del país. Su trayectoria se encuentra estrechamente vinculada a la formación de juristas que han contribuido a la construcción del Estado de Derecho y al fortalecimiento de las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional. Esta tradición no se limita a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que se expresa en una vocación pública orientada a la formación ética de los profesionales del derecho, a la producción de conocimiento jurídico crítico y a la participación activa en los debates que configuran la vida institucional del país.
En el contexto actual, marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas, económicas y políticas —entre ellas la aceleración tecnológica, la crisis climática y ecológica, la reconfiguración de las relaciones entre Estado, mercado y ciudadanía, y los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, en un marco de conflicto internacional — la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile está llamada no solo a adaptarse a dichos cambios, sino también ejercer un liderazgo intelectual en su interpretación y en la elaboración de respuestas jurídicas frente a ellas.
Aquello exige articular saberes, promover el diálogo entre distintas tradiciones jurídicas, integrar perspectivas interdisciplinarias y situar el conocimiento jurídico al servicio de la deliberación democrática y del interés público.
La presente propuesta se funda en la convicción de que la dirección académica no se impone por la vía de la autoridad formal, ni por el solo cumplimiento de indicadores de desempeño. Gobernar la Facultad implica, ante todo, crear condiciones estables y justas para que la docencia, la investigación y la vinculación con el medio se desarrollen en un marco de cooperación interna, rigor académico e impacto público. El objetivo es proyectar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como un referente intelectual a nivel nacional e internacional, respetuoso del pensamiento plural, enriquecido por la diversidad de un claustro compuesto por diversas vocaciones académicas y profesionales. Esta proyección no se concibe como un fin en sí mismo, ni como un ejercicio de posicionamiento simbólico, sino como una expresión concreta del carácter público de la Facultad y de su compromiso con la calidad de la democracia y el Estado de Derecho.
Candidata a Decana 2026-2030
Profesora Titular de la Universidad de Chile
Abogada de la Universidad de Chile
Máster en Derecho Internacional y Comunitario, Universidad de Lille
Doctora en derecho público, Universidad de Lille
Actualmente soy directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile (CDA). También he ocupado los cargos de Directora de la Escuela de Pregrado y de Postgrado, Consejera de Facultad electa y miembro de la Comisión Superior de Calificación de la Universidad de Chile.
En materia de investigación he dirigido proyectos de redes internacionales con financiamiento ANID (Redes, AMSUD), ocupé el cargo de directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 (centro de excelencia FONDAP) y fui investigadora asociada del Centro de Energía Solar SERC-Chile. También he liderado investigaciones mediante proyectos Fondecyt de iniciación y regular.
He realizado diversas publicaciones en el área del derecho ambiental y cambio climático, y participé en la asesoría legislativa en la tramitación de la Ley de Cambio Climático y formé parte de la delegación de Chile en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y del Acuerdo de París, realizada anualmente.
He dirigido numerosos estudios para organismos internacionales como el Banco Mundial, FAO, Cepal, Parlamericas, Euroclima, Banco Interamericano de Desarrollo y nacionales: Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Contraloria General de la República, entre otros.
La construcción de este proyecto institucional requiere el compromiso conjunto de académicas y académicos, estudiantes y funcionarios que permita proyectar a la Facultad en el escenario nacional e internacional, preservando su carácter público y su vocación de servicio al país.
El programa se fundamenta en cinco principios orientadores que deben guiar el desarrollo institucional de la Facultad.
1. Excelencia y rigor académico.
2. Democracia universitaria.
3. Cooperación académica.
4. Transparencia y confianza institucional.
5. Sustentabilidad financiera con equidad
1. Formación jurídica. Tradición jurídica sólida y formación para los desafíos contemporáneos con estándares de calidad asegurados.
La formación jurídica constituye una función esencial de la Facultad. Su fortalecimiento requiere preservar la solidez disciplinar de la tradición jurídica, al tiempo que se incorporan nuevas competencias necesarias para el ejercicio profesional en contextos complejos y globalizados. Entre estas competencias destacan la capacidad de argumentación, deliberación y negociación; la comprensión del impacto social y económico de las decisiones jurídicas; el correcto uso de la inteligencia artificial y la integración de la ética en el ejercicio profesional. El objetivo es formar juristas capaces de comprender el rol del derecho en la organización de la vida social y en la resolución de problemas públicos. Todas estas competencias deben desarrollarse de manera coherente a lo largo de la trayectoria formativa.
Para ello se propone avanzar hacia una mayor coherencia entre las distintas etapas de la formación jurídica, articulando de manera efectiva el pregrado y el postgrado, asegurando un estándar académico de excelencia. Asimismo, la vinculación temprana de los estudiantes con proyectos de investigación y actividades de vinculación con el medio constituyen elementos fundamentales para una formación jurídica integral que fortalece la identidad institucional de la Facultad.
Por su parte, los programas de postgrado (magíster y doctorado) cumplen un papel estratégico en el desarrollo académico de la Facultad, al contribuir a la formación avanzada de juristas y al fortalecimiento de la investigación jurídica. El crecimiento de la oferta de programas de magíster plantea la necesidad de mejorar la coordinación entre programas, su articulación con las líneas de investigación de la Facultad y fortalecer su posicionamiento nacional e internacional, con estrategias institucionales de difusión que permitan ampliar su capacidad de convocatoria.
A diferencia de los programas antes mencionados que se someten a procesos de acreditación, la gran variedad de diplomados y cursos de actualización jurídica, importante fuente de financiamiento de las unidades académicas, están exentos de un control del aseguramiento de la calidad, lo cual exige el desarrollo de estándares que se impongan en la etapa de diseño y ejecución de la oferta realizada por la facultad en este ámbito.
El desafío consiste, entonces, en consolidar el modelo formativo de la Facultad combinando tradición y renovación. Se trata de promover experiencias académicas y profesionales que fortalezcan la autonomía intelectual, la responsabilidad pública y la conciencia crítica de las y los estudiantes, respecto del rol que el Derecho desempeña en la construcción de la convivencia social, la protección de los derechos de las personas y la orientación del desarrollo del país, en un marco de excelencia y liderazgo.
2. Fortalecimiento del postgrado. Los programas de postgrado cumplen un papel estratégico en el desarrollo académico de la Facultad, al contribuir a la formación avanzada de juristas y al fortalecimiento de la investigación jurídica.
El crecimiento reciente de la oferta de postgrados plantea la necesidad de consolidar una institucionalidad académica capaz de garantizar estándares de calidad homogéneos, mejorar la coordinación entre programas y fortalecer su posicionamiento nacional e internacional.
En este sentido, se propone fortalecer los mecanismos de evaluación académica de los programas, promover su articulación con las líneas de investigación de la Facultad y desarrollar estrategias institucionales de difusión que permitan ampliar su capacidad de convocatoria.
3. Investigación y proyección internacional. Investigación jurídica como motor del liderazgo académico.
La investigación constituye uno de los principales vectores del liderazgo académico de la Facultad. El actual desarrollo de la investigación de la Facultad se expresa en la obtención de proyectos concursables, la publicación de artículos científicos y libros, liderados por sus académicos y académicas, así como en la existencia de revistas jurídicas de prestigio internacional. Los esfuerzos realizados hasta ahora ofrecen una oportunidad relevante para posicionar a la Facultad en el desarrollo de las ciencias jurídicas, a nivel nacional y regional.
Lo anterior exige mayor apoyo institucional en la elaboración y gestión de proyectos asociativos e internacionales, fomento al desarrollo de iniciativas conjuntas entre diversas unidades académicas y formación de nuevos investigadores, de manera a ofrecer respuestas jurídicas a los desafíos del entorno político, social e institucional.
4. Claustro académico y condiciones institucionales. Reconocimiento, promoción y reglas más claras.
El claustro de la Facultad constituye un referente en las áreas clásicas del derecho, así como en ámbitos emergentes del conocimiento jurídico. A su vez, el vínculo con el mundo profesional representa una dimensión estratégica del liderazgo institucional de la Facultad que permite integrar perspectivas teóricas y prácticas en la enseñanza del derecho.
Tal diversidad hace necesaria una revisión sistemática y continua, de las políticas relativas a carga académica, infraestructura y contratación, con el fin de asegurar que ellas sean compatibles con la equidad interna, la cooperación institucional y la sostenibilidad financiera de largo plazo del proyecto académico que nuestra comunidad defina en el próximo Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2027-2031. También es necesario establecer de manera autónoma las reglas de cumplimiento de jornada contratada, en coherencia con las particularidades de la actividad académica y promover mecanismos de mentoría e integración destinados a apoyar el desarrollo de las nuevas generaciones de académicas y académicos, fortaleciendo su participación en proyectos colectivos de docencia e investigación.
5. Gobernanza y sustentabilidad financiera. Desarrollo estratégico, Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad de largo plazo.
La conducción institucional de la Facultad requiere articular adecuadamente la gobernanza académica con una gestión financiera responsable y transparente. La gobernanza universitaria implica no solo la administración de recursos, sino también la capacidad de orientar estratégicamente el desarrollo institucional, fortalecer los procesos de deliberación colectiva y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. En este contexto, la sustentabilidad financiera debe concebirse como un instrumento al servicio del proyecto académico de la Facultad. Los modelos de financiamiento influyen directamente en las relaciones entre unidades académicas, en las trayectorias profesionales del cuerpo académico y en la capacidad de la institución para sostener un proyecto colectivo basado en la cooperación y la equidad.
La presente candidatura propone avanzar hacia una gestión basada en la planificación estratégica, la transparencia presupuestaria, la coordinación entre unidades académicas y la rendición de cuentas periódica ante la comunidad universitaria.
Entre las acciones consideradas para materializar los ejes estratégicos se consideran las siguientes:
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